jueves, 3 de noviembre de 2022

El PP pide desalojar a los okupas en 24 horas

 

Presenta una enmienda a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que se tramita en el Congreso de los Diputados

El Partido Popular ha presentado una enmienda a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que se encuentra en tramitación parlamentaria, para que el Congreso apoye el desalojo de los okupas en el plazo máximo de un día. Una moción que se enfrenta a la petición del PSOE de desalojar en 48 horas, y que ha vuelto a suponer un encontronazo en el Gobierno de coalición. El texto se votará el próximo jueves 3 de noviembre.

El principal partido de la oposición en el Congreso de los Diputados ha presentado la enmienda al proyecto de Ley Orgánica de eficiencia organizativa del servicio público de Justicia tras la interpelación parlamentaria a la ministra de Justicia, Pilar Llop. En concreto, el PP pide que el desalojo “se tenga que realizar cómo máximo en 24 horas desde el requerimiento si los ocupantes del inmueble no acreditan el título jurídico que legitime su permanencia en el mismo”.

Las principales propuestas del PP para desalojar a los okupas

El PP lleva preparando esta moción desde hace tiempo y añade que “en caso de delito flagrante el desalojo se produzca de manera inmediata”. También exige que el delito de allanamiento de morada sea competencia directa de los jueces y no de un tribunal con jurado, algo que también han solicitado los socialistas.

Por otro lado, el PP aboga por reforzar las penas de prisión por el delito de usurpación hasta con tres años de cárcel y que se actúe con contundencia frente a las mafias de la okupación, mejoran la protección jurídica.

Otra de las propuestas de los populares pretende considerar nula la inscripción en el padrón municipal de una vivienda ocupada, además de la prohibición de que ese inmueble ocupado pueda ser considerado como morada o domicilio, como pasa cuando una persona vive en una casa de su propiedad o alquilada, por lo que podrían optar así a los beneficios y ayudas asignados por las administraciones públicas.

Además de todas estas propuestas, el PP pide legitimar a las comunidades de propietarios para que puedan actuar contra la ocupación y poder acudir a las autoridades cuando los okupas realicen actividad ilícitas, nocivas, peligrosas o molestas en ausencia del propietario.

Por último, plantean que se devuelvan a los propietarios las cantidades cobradas procedentes del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) que haya abonado durante la ocupación y que conste como vivienda habitual el inmueble ocupado (si lo era antes) para que los dueños no sufran la pérdida de beneficios fiscales a los que tuvieran derecho.

El debate de la ocupación vuelve a ser un conflicto en el Gobierno de coalición

A finales del pasado mes de septiembre, el PSOE presentó una enmienda por el que los jueces podrían desalojar a los okupas en un plazo máximo de 48 horas tanto en los casos de allanamiento de morada como de usurpación de inmueble.

El portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, tuvo que salir a defender la propuesta ante las críticas de sus socios de Gobierno, en Unidas Podemos, y en los partidos del pacto de investidura como Más Madrid o ERC.

El portavoz dejó claro que "no tiene nada que ver con los desahucios" y que solo afecta a los "allanamientos y la ocupación ilegal de inmuebles". Y añadió que “lo que se pretende es agilizar los trámites y de dar respuesta a una cuestión que le estaban planteando muchos ayuntamientos e instituciones".

En sus enmiendas, lo que plantea el PSOE es una modificación de artículo 544 sexies de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) para que en los casos de "allanamiento de morada o usurpación de bienes inmuebles o de un derecho real inmobiliario de pertenencia ajena" el juez o tribunal pueda "acordar motivadamente el desalojo en el plazo máximo de 48 horas desde la petición a instancia de la parte legítima o desde la remisión del atestado policial". Todo ello "sin necesidad de la presentación de caución, si los ocupantes del inmueble no exhibieran en dicho plazo el título jurídico que legitime la permanencia en el inmueble".

Hasta un año y medio en desalojar a un okupa

Mientras tanto, La okupación ilegal de los inmuebles se ha convertido en los últimos meses en uno de los mayores quebraderos de cabeza de los propietarios. Según los datos que maneja el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el periodo que deben esperar los propietarios de media en España para echar a un okupa ilegal se situó en 2021 en 18,1 meses. Un plazo que poco a poco se está ampliando.

El Consejo General de Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (COAPI) ha criticado recientemente en un informe "la laxitud y la poca claridad de la ley" en materia de 'okupación', "que vive en estos momentos su punto más álgido".

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