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miércoles, 21 de diciembre de 2022

El Banco de España recorta al 1,3% su previsión del PIB en 2023, pero aleja la recesión económica

 


El PIB, que crecerá este año un 4,6%, recuperará su nivel previo a la pandemia entre finales de 2023 y comienzos de 2024

El Banco de España recorta previsiones, pero descarta que se produzca una recesión económica. En concreto, ha revisado a la baja en una décima su previsión de crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) en 2022, hasta el 4,6%, y también ha recortado sus proyecciones para 2023, hasta el 1,3%, debido, sobre todo, al empeoramiento del contexto exterior.

El organismo que dirige Pablo Hernández de Cos también ha revisado a la baja, en dos décimas, el crecimiento medio del PIB en 2024, hasta el 2,7%, fundamentalmente debido a la probable extensión en 2023 de una parte de las medidas en vigor durante 2022 para reducir el impacto de la crisis energética, cuya retirada al comienzo de 2024 dará lugar "a un pequeño impacto negativo" sobre la actividad en dicho ejercicio. Además, el organismo ha publicado por primera vez sus proyecciones sobre el crecimiento de la economía en 2025, que sitúa en el 2,1%.

Bajo toda esta trayectoria proyectada, el PIB de la economía española recuperará su nivel previo a la pandemia entre finales de 2023 y comienzos de 2024, según se desprende del último Informe Trimestral de la Economía Española publicado este martes.

De acuerdo con el informe, el grado de dinamismo de la actividad económica en el tramo final del año habría sido similar al registrado durante el tercer trimestre. La debilidad del consumo por las presiones inflacionistas y por la elevada incertidumbre es uno de los principales factores presentes detrás del modesto avance del PIB previsto para el cuarto trimestre, que crecería un 0,1%, frente al 0,2% registrado en el tercero.

Para el primer trimestre de 2023,m la evolución económica será más o menos similar al de este cuarto trimestre, según ha destacado el director general de Economía y Estadística del Banco de España, Ángel Gavilán, que ha resaltado la "resiliencia apreciable" de la economía española.

De cumplirse estas previsiones, España lograría evitar entrar en una situación de 'recesión técnica' (dos trimestres consecutivos de contracción del PIB), si bien Gavilán ha indicado que "es precipitado descartar ningún escenario en un contexto de tanta volatilidad".

El Banco de España prevé que a partir del segundo trimestre del año próximo el crecimiento económico recuperaría vigor de manera paulatina, a medida que, entre otros factores, mejoren las rentas reales de los agentes, como consecuencia de la disminución gradual de las presiones inflacionistas, se recuperen los mercados exteriores y se desplieguen los proyectos de inversión vinculados con el programa 'Next Generation EU'.

Impacto de la prórroga de las medidas anticrisis

Además, la previsible prórroga de algunas de las medidas para atenuar los efectos de la inflación añaden cuatro décimas al crecimiento del PIB del próximo año.

No obstante, desde el Banco de España se apunta a que, si en vez de extenderse hasta finales de 2023, las medidas de apoyo contempladas solo se prorrogasen hasta finales del próximo mes de junio, la inflación media en 2023 sería siete décimas mayor que en el escenario central, mientras que el avance del PIB sería una décima menor.

Por otro lado, una hipotética extensión de la bonificación al precio de los carburantes hasta finales de 2023 reduciría, en comparación con el escenario central, en seis décimas la inflación media en ese año, pero la elevaría en esa misma cuantía en 2024. En cambio, el impacto sobre el crecimiento del PIB sería de una décima al alza en 2023 y de una décima a la baja en 2024.

Mejora de las estimaciones de la inflación

En cuanto a la inflación, el Banco de España ha recortado sus previsiones de 2022 desde una media prevista del 8,7% al 8,4% para este año. Además, las perspectivas mejoran de cara a 2023, cuando el IPC se situará en el 4,9%, más de medio punto menos respecto a la anterior previsión (5,6%). En 2024, se estiman tasas del 3,6%, frente al 1,9% de la previsión anterior y para 2024 se prevé que 1,8%.

Así, desde el organismo ven probable que las tasas de inflación permanezcan en niveles relativamente elevados varios trimestres en un contexto en el que aún no se aprecian indicios de efectos de segunda ronda significativos a través de los salarios ni de los márgenes empresariales en términos agregados.

No obstante, desde el Banco de España se apunta a que la información de la Contabilidad Nacional por ramas de actividad revela un comportamiento más dinámico de los márgenes empresariales del sector manufacturero y de las industrias extractivas, de energía y de agua, en contraste con la debilidad de los márgenes en el sector de la construcción.

La caída de los precios de los alimentos aún durará

De su lado, el organismo ha anticipado que la moderación del ritmo de avance de los precios de los alimentos y la reanudación de la caída de la tasa de inflación subyacente tardarán algo más en producirse, dado que aún no se ha completado plenamente la transmisión de los aumentos de costes recientes a los precios de todos los bienes y servicios de consumo.

En este sentido, prevé que el componente subyacente alcanzará el 3,8% este año, frente al 3,9% anterior, y se moderará hasta el 3,4% en 2023 --más bajo del 3,5% de la pasada estimación-- y al 2,2% en 2024, superior en una décima respecto a la previsión pasada. En 2025, esta referencia se situaría en el 1,8%.

En todo caso, estas proyecciones de precios descansan sobre dos supuestos. Por un lado, se asume que, si bien incompleta, una parte apreciable de la traslación a los precios de venta finales de las empresas de los aumentos de costes pasados ya se habría producido. Por otro lado, se supone que, en línea con la evidencia disponible hasta la fecha, no se producen a lo largo del horizonte de proyección efectos de segunda vuelta "significativos", vía márgenes o salarios, que puedan desencadenar fenómenos de retroalimentación de las actuales presiones inflacionistas.

Todo esto, en un contexto en el que la tasa de ahorro de los hogares ha venido reduciéndose en los últimos trimestres desde el máximo alcanzado en el segundo trimestre de 2020 (del 25,1%). En concreto, desde el Banco de España advierten de que la tasa de ahorro de los hogares ha mantenido una senda claramente descendente, hasta situarse en el 8,5% en el segundo trimestre de este año, muy cerca de su promedio histórico (del 8,3%).

Además, desde el organismo prevén que la inversión en vivienda proseguiría su senda de ralentización en el cuarto trimestre, si bien los precios estarían mostrando una cierta resistencia a la baja.

Reducción del empleo, del déficit y de la deuda

En cuanto a la evolución del empleo, la institución ha mantenido la previsión para este año, en el que espera una tasa media de paro del 12,8%, aunque subiría ligeramente al 12,9% en 2023, se moderaría 2024 en el 12,2% y acabaría 2025 en el 12%.

De su lado, el organismo mejora sus estimaciones de ingresos y gastos para este año, ya que el déficit público quedará en 2022 en el 4,2% del PIB, frente al 4,3% previamente estimado. Así, el Banco de España señala que los ingresos públicos siguen mostrando un fuerte dinamismo y apuntan a que el déficit de las administraciones públicas en el conjunto de 2022 podría ser menor que el contemplado en el Plan Presupuestario (5%).

No obstante, hay un ligero empeoramiento de las perspectivas para 2023, con una tasa del 4,1% frente al 4% previo, pero mejor en seis décimas la de 2024 al 3,7%. Tras este descenso, el déficit volvería a subir al 4,5% en 2025.

En cuanto a sus estimaciones para la deuda en 2022, el organismo ha mejorado sus previsiones tras situarla ahora en el 113,1% del PIB, frente al 113,3% previsto anteriormente. De cara a 2023, la deuda se situará en el 110,6% del PIB y en 2024 bajará del umbral de 110% y se colocará en el 108,8%. En 2025, subirá ligeramente al 109,8%.

Por gentileza de IDEALISTA
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El Senado aprueba los últimos Presupuestos de la legislatura de forma definitiva

 



El Pleno del Senado ha dado 'luz verde' este 20 de diciembre con una amplia mayoría a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023, los terceros y últimos de esta legislatura. Al no incluirse cambios, las nuevas cuentas públicas no vuelven al Congreso y quedan aprobadas definitivamente para su entrada en vigor el 1 de enero.

En concreto, el dictamen del proyecto de Presupuesto ha recibido 145 votos a favor, 118 en contra y ninguna abstención. Entre los apoyos figuran los del PSOE, ERC, PNV, EH Bildu, Izquierda Confederal (salvo Geroa Bai), Partido Aragonés (PAR), el Partido Regionalista de Cantabria (PRC) y Coalición Canaria.

Además de aprobarse el dictamen, se han rechazado los votos particulares y las enmiendas que permanecían vivas tras su paso por la Comisión de Presupuestos, por lo que las nuevas cuentas públicas han quedado definitivamente aprobadas, sin necesidad de volver al Congreso al no introducirse cambio alguno.

Cabe reseñar que un Pleno del Senado ya rechazó los cinco vetos a la totalidad presentados por el PP, Vox, Cs, JxCAT y UPN y también rechazó las 87 impugnaciones a las secciones presentadas por los grupos.

Desde el Ejecutivo, Fernando Grande- Marlaska, Carolina Darias, Miquel Iceta, José Luis Escrivá, Diana Morant y Félix Bolaños han acompañado a la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, en la última votación de las cuentas públicas de 2023 donde se ha puesto fin a intensas semanas de negociaciones con los grupos parlamentarios.

Principales cifras y medidas de los PGE de 2023

Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023, los más expansivos de la democracia española, cuentan con más de 198.000 millones de euros de techo de gasto e incorporan el aumento del salario de los funcionarios, la actualización de las pensiones con el IPC, más gasto sanitario y nuevas ayudas a las familias y parados.

También los colectivos más vulnerables verán aumentado el Ingreso Mínimo Vital un 8,5%, lo que beneficiará a 1,2 millones de personas. Por su parte, el IPREM, el índice de referencia utilizado para la concesión de numerosas ayudas, aumentará un 3,6% y se situará en los 600 euros. Además, el bono social térmico se eleva en 102 millones.

Por su parte, se rebajará del 25% al 23% la tributación en el Impuesto sobre Sociedades a las pymes que facturen menos de un millón de euros. Esta medida que se complementa con la tramitación de una Proposición de Ley para que las empresas energéticas, entidades financieras y grandes fortunas aporten más con el objetivo de lograr un reparto justo de la crisis.

En materia de vivienda, los PGE 2023 incluyen una partida récord. La partida de 'Acceso a la vivienda y Fomento de la Edificación' alcanza los 3.472 millones de euros. Un importe que supera en un 5,4% a la presupuestada en 2022 y que se convierte en la mayor de la historia. No obstante, conviene recordar que buena parte de ese presupuesto procede de los fondos europeos (en concreto, 2.480 millones de euros, frente a los 992 millones de euros que proceden de fondos nacionales).  

Entre 2006 y 2010, la vivienda se llevó más de 1.000 millones al año del presupuesto público, alcanzando el pico en 2009, cuando se presupuestaron algo más de 1.600 millones de euros. Mientras que desde 2017, y hasta la llegada de los fondos europeos Next Generation, la partida media llegó a mermar hasta quedarse por debajo de los 500 millones de euros. A pesar de la subida, la vivienda apenas supone el 0,7% del gasto total de los Presupuestos. 

Dentro de esa partida récord para 2023 se incluyen recursos para la construcción de viviendas de alquiler social, a la eficiencia energética de los hogares o la emancipación de los jóvenes. Y también los 421 millones de euros que corresponden a dicho ejercicio dentro del Plan de Vivienda 2022-2025. 

Lo que no incluyen las cuentas públicas son las medidas adoptadas para paliar los efectos de la guerra, salvo la bonificación al transporte de Renfe, Cercanías y Rodalies, que se extenderá a todo 2023.

Por gentileza de IDEALISTA
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martes, 20 de diciembre de 2022

Luis de Guindos: "¿Hasta cuándo van a subir los tipos de interés? No lo sé"

 


El vicepresidente del BCE afirma que "haremos lo posible y lo imposible para que la inflación vuelva al 2%" y cumplir el mandato de la estabilidad de precios

El Banco Central Europeo (BCE) prepara al mercado para más subidas de los tipos de interés. La semana pasada, la máxima autoridad monetaria y financiera en la eurozona aplicó el cuarto incremento del precio del dinero en apenas cinco meses, hasta situarlo en el 2,5%, el nivel más alto desde 2008. Y ya adelanta que llevarán a cabo más aumentos similares próximamente. 

Las medidas que hemos tomado hasta ahora no son suficientes. Tenemos que tomar medidas adicionales y habrá más subidas de los tipos de interés. ¿Hasta cuándo? Soy absolutamente honesto, no lo sé. Pararemos cuando la inflación esté cerca del objetivo del 2%, pero todavía no estamos ahí”, ha afirmado Luis de Guindos, vicepresidente del BCE, en un desayuno organizado por Nueva Economía en Madrid. Y ha indicado a que a la velocidad de las próximas subidas de tipos “será parecida a esta última”, que ha sido de 50 puntos básicos.

Sus palabras llegan después de que la presidenta del organismo, Christine Lagarde, avanzara la semana pasada que los tipos de interés seguirán subiendo "significativamente, dado que la inflación continúa siendo excesivamente elevada y se proyecta que se mantenga por encima de su objetivo durante demasiado tiempo".

En concreto, las últimas previsiones del BCE sitúan la inflación en el 8,4% de media este año y en el 6,3% en 2023. Para 2024 espera un promedio del 3,4% en 2024 y para 2025, del 2,3%. Así pues, el organismo deja entrever que la subida de los precios seguirá dentro de tres años por encima del nivel de equilibrio (en torno al 2%).

“Tenemos un mandato, que es la estabilidad de precios, y lo tenemos que cumplir”, ha insistido Luis de Guindos.

Durante su comparecencia, el exministro de Economía también ha dejado claro que el BCE no contempla en ningún caso revisar su objetivo de inflación, pese a los rumores de que la Reserva Federal de EEUU estaría analizando la posibilidad de ampliar el suyo.

“En el BCE no vamos a revisar el objetivo de inflación. Revisar el objetivo es lo último que vamos a hacer, porque mandaríamos un mensaje de que no somos capaces de reducirla y generaría mucha incertidumbre. Pero quiero insistir en que el BCE está comprometido con la estabilidad de precios y para nosotros es muy importante que sea un compromiso creíble. Que nadie dude de que haremos todo lo posible y lo imposible para que la inflación vuelva de nuevo al 2%”, ha argumentado.

Ayudas centradas en los vulnerables

Otro de los mensajes que ha lanzado Luis de Guindos es que el guardián del euro aprueba que los países tomen medidas para ayudar a los colectivos más vulnerables en un momento en el que se está desacelerando la economía y los precios están subiendo en la eurozona a un ritmo de dos dígitos.

Es razonable intentar aliviar el coste de las subidas de los tipos de interés en las hipotecas”, ha afirmado.

En el caso de España, el organismo ve con buenos ojos el acuerdo entre el Gobierno y el sector financiero para reducir la carga financiera de las familias con ingresos inferiores a 29.400 euros anuales ante la fuerte escalada del euríbor, que ya está alrededor del 3%. El pacto, plasmado en un Real Decreto-ley, fue aprobado por el pasado 22 de noviembre por el Consejo de Ministros y ha sido convalidado en diciembre por el Pleno del Congreso de los Diputados, con 289 votos a favor, ninguno en contra y 60 abstenciones.

La iniciativa incluye por ejemplo la posibilidad de establecer periodos de carencia, alargar el vencimiento de los préstamos u optar por la dación en pago o una reestructuración de la hipoteca. También elimina comisiones por amortización anticipada y por cambiar una hipoteca variable en fija. Unas medidas que ha alabado el vicepresidente del BCE, sobre todo al estar articuladas en torno al Código de Buenas Prácticas que se puso en marcha cuando formaba parte del Gobierno, y que ahora ha sido reforzado.

Avisos a la banca

Luis de Guindos también ha aprovechado su intervención para pedir al sector financiero que siga impulsando el crédito y que busque fórmulas para ganar rentabilidad.

En su opinión, “es importante no estigmatizar” a los hogares que están en esos tramos de renta (considerados vulnerables y en riesgo de vulnerabilidad, según el acuerdo alcanzado entre el Ejecutivo y el sector”. “Es muy importante que la banca mantenga abierto el grifo de la financiación a estos colectivos, ha insistido el vicepresidente del BCE.

Por otro lado, ha recordado al sector financiero que “no se deje llevar por la ilusión de la mejora de la rentabilidad por las meras subidas de los tipos de interés”, tras detectar que el ROE del sector está mejorando y se sitúa de media en el 8%. Pese a ello, el número dos del BCE ha recalcado que “la rentabilidad estructural de la banca de la eurozona es más baja que la de EEUU, Reino Unido o los países nórdicos”, y que los costes de financiación también están subiendo para los bancos, lo que provocará que haya “necesariamente un incremento de las comisiones” que cobran a los clientes. A pesar de ello, la autoridad monetaria cree que “la banca europea puede aguantar perfectamente las nuevas subidas de los tipos de interés”.

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jueves, 3 de noviembre de 2022

El PP pide desalojar a los okupas en 24 horas

 

Presenta una enmienda a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que se tramita en el Congreso de los Diputados

El Partido Popular ha presentado una enmienda a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que se encuentra en tramitación parlamentaria, para que el Congreso apoye el desalojo de los okupas en el plazo máximo de un día. Una moción que se enfrenta a la petición del PSOE de desalojar en 48 horas, y que ha vuelto a suponer un encontronazo en el Gobierno de coalición. El texto se votará el próximo jueves 3 de noviembre.

El principal partido de la oposición en el Congreso de los Diputados ha presentado la enmienda al proyecto de Ley Orgánica de eficiencia organizativa del servicio público de Justicia tras la interpelación parlamentaria a la ministra de Justicia, Pilar Llop. En concreto, el PP pide que el desalojo “se tenga que realizar cómo máximo en 24 horas desde el requerimiento si los ocupantes del inmueble no acreditan el título jurídico que legitime su permanencia en el mismo”.

Las principales propuestas del PP para desalojar a los okupas

El PP lleva preparando esta moción desde hace tiempo y añade que “en caso de delito flagrante el desalojo se produzca de manera inmediata”. También exige que el delito de allanamiento de morada sea competencia directa de los jueces y no de un tribunal con jurado, algo que también han solicitado los socialistas.

Por otro lado, el PP aboga por reforzar las penas de prisión por el delito de usurpación hasta con tres años de cárcel y que se actúe con contundencia frente a las mafias de la okupación, mejoran la protección jurídica.

Otra de las propuestas de los populares pretende considerar nula la inscripción en el padrón municipal de una vivienda ocupada, además de la prohibición de que ese inmueble ocupado pueda ser considerado como morada o domicilio, como pasa cuando una persona vive en una casa de su propiedad o alquilada, por lo que podrían optar así a los beneficios y ayudas asignados por las administraciones públicas.

Además de todas estas propuestas, el PP pide legitimar a las comunidades de propietarios para que puedan actuar contra la ocupación y poder acudir a las autoridades cuando los okupas realicen actividad ilícitas, nocivas, peligrosas o molestas en ausencia del propietario.

Por último, plantean que se devuelvan a los propietarios las cantidades cobradas procedentes del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) que haya abonado durante la ocupación y que conste como vivienda habitual el inmueble ocupado (si lo era antes) para que los dueños no sufran la pérdida de beneficios fiscales a los que tuvieran derecho.

El debate de la ocupación vuelve a ser un conflicto en el Gobierno de coalición

A finales del pasado mes de septiembre, el PSOE presentó una enmienda por el que los jueces podrían desalojar a los okupas en un plazo máximo de 48 horas tanto en los casos de allanamiento de morada como de usurpación de inmueble.

El portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, tuvo que salir a defender la propuesta ante las críticas de sus socios de Gobierno, en Unidas Podemos, y en los partidos del pacto de investidura como Más Madrid o ERC.

El portavoz dejó claro que "no tiene nada que ver con los desahucios" y que solo afecta a los "allanamientos y la ocupación ilegal de inmuebles". Y añadió que “lo que se pretende es agilizar los trámites y de dar respuesta a una cuestión que le estaban planteando muchos ayuntamientos e instituciones".

En sus enmiendas, lo que plantea el PSOE es una modificación de artículo 544 sexies de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) para que en los casos de "allanamiento de morada o usurpación de bienes inmuebles o de un derecho real inmobiliario de pertenencia ajena" el juez o tribunal pueda "acordar motivadamente el desalojo en el plazo máximo de 48 horas desde la petición a instancia de la parte legítima o desde la remisión del atestado policial". Todo ello "sin necesidad de la presentación de caución, si los ocupantes del inmueble no exhibieran en dicho plazo el título jurídico que legitime la permanencia en el inmueble".

Hasta un año y medio en desalojar a un okupa

Mientras tanto, La okupación ilegal de los inmuebles se ha convertido en los últimos meses en uno de los mayores quebraderos de cabeza de los propietarios. Según los datos que maneja el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el periodo que deben esperar los propietarios de media en España para echar a un okupa ilegal se situó en 2021 en 18,1 meses. Un plazo que poco a poco se está ampliando.

El Consejo General de Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (COAPI) ha criticado recientemente en un informe "la laxitud y la poca claridad de la ley" en materia de 'okupación', "que vive en estos momentos su punto más álgido".

Equipo de redacción:

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viernes, 28 de octubre de 2022

Las familias se comen 5.400 millones de ahorro en dos meses

 


Los hogares tienen 992.000 millones de euros ahorrados en depósitos, según el Banco de España. El volumen acumula dos meses de caída tras batir récord en julio

El conjunto de los depósitos de hogares y empresas residentes en España se situó en 1,312 billones de euros en septiembre, lo que supone un aumento del 0,11% en el mes y del 5,59% en comparación con un año antes, según los datos provisionales del Banco de España.

Sin embargo, el ahorro de las familias empieza a flaquear. El supervisor financiero sitúa el volumen en 992.000 millones de euros en el noveno mes del año, lo que arroja un aumento del 5,46% interanual, pero un descenso del 0,16% respecto a agosto.

Tras encadenar 11 meses consecutivos de subidas, los depósitos de los hogares acumulan dos meses de descensos consecutivos, tras batir récord en julio y quedarse al borde del billón de euros. Dicho de otro modo, en apenas dos meses el ahorro de los hogares residentes en España se ha reducido en 5.400 millones de euros.



En cambio, los depósitos a empresas siguen al alza tanto en términos interanuales como mensuales. El volumen se situó en septiembre en 320.900 millones de euros, cifra un 5,98% superior a la de 2021 y un 0,98% superior a la registrada en agosto. En los últimos dos meses, y mientras el ahorro de las familias ha ido a menos, el de las empresas se ha incrementado en casi 9.000 millones de euros (el importe de julio se situó en 312.000 millones de euros).

Los datos del Banco de España colocan los depósitos del total de los residentes en España se colocaron en 1,615 billones de euros en el noveno mes del año, lo que representa un aumento del 2,11% en el año y un descenso del 0,6% frente al mes precedente.

El importe de los depósitos de los residentes en España más el de los que están en el extranjero se situó en 1,688 billones de euros en septiembre, lo que supone un incremento del 2,96% respecto al mismo mes de un año antes y una caída del 0,19% en comparación con agosto.


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Hacienda quiere aplicar el impuesto a las grandes fortunas ya en 2022

 


Hasta ahora, el Gobierno había asegurado que el impuesto entraría en vigor en 2023

El Ministerio de Hacienda ha adelantado a 2022 la entrada en vigor del impuesto de 'solidaridad' para las grandes fortunas, con el que el Gobierno espera recaudar 3.000 millones en dos años, según han confirmado a la agencia Europa Press fuentes del Departamento que dirige María Jesús Montero. Hasta ahora, el Gobierno había asegurado que el impuesto entraría en vigor en 2023 y se extendería hasta el año 2024.

Con este cambio, el nuevo tributo estará en vigor durante los años 2022 y 2023 para que la recaudación tenga efectos en 2023 y 2024, coincidiendo con la liquidación de dicho impuesto. Tras estos dos años, el Gobierno evaluará si lo mantiene o no.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) advirtió ayer de que el impuesto tendría que entrar en vigor ya este mismo año, dado que el plan presupuestario remitido por el Gobierno a Bruselas hace unas semanas recoge que la recaudación de ese nuevo tributo tendrá ya efectos en 2023. Concretamente, la AIReF prevé una recaudación para el próximo año de 1.270 millones de euros y de 1.370 millones para 2024.

La intención de Hacienda es aprobar, por tanto, el nuevo impuesto a las grandes fortunas antes del 31 de diciembre de este año para que pueda entrar en vigor en 2022. Y una de las opciones que baraja es introducirlo como enmienda a la proposición de ley que tramita en estos momentos el Congreso para gravar los ingresos extraordinarios a energéticas y entidades financieras.

El nuevo impuesto sobre grandes fortunas gravará la riqueza neta superior a los tres millones euros, con tres tramos: 1,7% a patrimonios entre 3 y 5 millones; 2,1% a patrimonios de entre 5 y 10 millones, y un 3,5% a partir de 10 millones.

Con este nuevo impuesto, que permitirá deducir el 100% de lo pagado por el Impuesto de Patrimonio que gestionan las CCAA, el Gobierno espera recaudar 3.000 millones de euros en 2023 y 2024. No obstante, la AIReF estima que la recaudación será algo más baja, unos 1.270 millones en 2023 y 1.370 millones en 2024.

En las últimas semanas han surgido dudas sobre la posible inconstitucionalidad del impuesto, que podría dar lugar a un caso de doble imposición. De entrar finalmente en vigor, los contribuyentes más afectados serían los residentes en Madrid y Andalucía, dos regiones que bonifican este tributo.


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